En el año 1999, Shaun Fanning y Sean Parker, dos adolescentes amantes del hackeo y las nuevas tecnologías, patearon el tablero de la industria musical fundando Napster. Súbitamente, todo el planeta comenzó a compartir música de manera indiscriminada a través del ciberespacio. Esto enloqueció a diversos componentes del mundo musical: (a) a las discográficas, cuyo negocio se evaporaba a la velocidad de la luz con total impunidad, (b) a los Musimundo o Tower Records de turno, que notaban incrédulos como su principal producto de venta era distribuido por otras vías, y pronto pasarían a ser un cadáver, (c) a los músicos, que por un lado estallaban de felicidad por llegar a muchísima más gente de lo habitual, pero con el tremendo problema de no ver un solo centavo de esa expansión. Uno de los más fervientes enemigos de ese nuevo juguete llamado Napster fue Lars Ulrich, baterista de Metallica, quien no tuvo mejor idea que demandar a sus fundadores por más de diez millones de dólares. “Están robando nuestra música”, afirmaba Ulrich, mientras en el año 2000, Shaun Fanning subía a los escenarios de los MTV Music Awards con una remera de Metallica y, con humor inglés, decía: “Un amigo la compartió conmigo”.

Después de ser atacada por todos los frentes, Napster bajó la persiana, pero eso no impidió que varios emularan la creación de Fanning y Parker. Uno de estos servicios fue KaZaA. Ya corría el año 2001. Lentamente, las discográficas y editoras parecían darse cuenta de que vivían en el mismo planeta que todos nosotros, que todos estaban compartiendo música como si fuese agua de la canilla. Los asesores legales de KaZaA estaban por llegar a un acuerdo con una de las discográficas más importantes del mundo, y cuando un líder da un paso adelante, el rebaño lo sigue. Pero no hubo acuerdo. El abogado de la discográfica le declaró la Yihad legal a los servicios P2P, afirmando que los iba a destruir.

Las discográficas, con la venia y apoyo absoluto de los locales que distribuían su valioso producto (el CD), no sólo atacaron a KaZaA y el resto de secuaces, sino que también apuntaron cañones a los consumidores. Entre 2003 y 2008, la Recording Industry Association of America (RIAA), un grupo que defiende los intereses de las discográficas, mandó cartas a 18.000 personas, informándoles que estaban pirateando música y que, de no parar con esa actividad (y pagar un precio casi simbólico por el pecado), los iban a tener que demandar. La mayoría aceptó el acto de contrición y llegó a un acuerdo, pero en un afán quijotesco, dos estudiantes universitarios llamados Thomas Rasset y Joel Tenenbaum, decidieron enfrentar al Goliat de la RIAA.

Luego de un breve repaso de la explosión digital a fines de los ’90, ¿cómo siguieron estas historias?

Arranquemos por los Quijotes. Casi diez años después de batalles judiciales, Rasset y Tenenbaum van a tener que pagar entre los dos $895.000 dólares por haber bajado canciones a raudales.

Algunos pensarán que la estrategia de ir a la yugular de los consumidores fue el éxito que generó una brutal merma de piratería en los Estados Unidos. Pero la realidad es que fue otro evento el que cosechó el éxito. Todo se resume en lo ocurrido el pasado 6 de diciembre de 2012. Lars Ulrich, el que había demandado a Napster, se fundió en un abrazo contenedor con Sean Parker, fundador de… Napster, mientras anunciaba que Metallica ingresaba todo su catálogo en Spotify.

Sí, después de 14 años, la industria, con los músicos incluidos, le dan plena bienvenida a la era digital. Saben que tienen una oportunidad histórica de llegar a los oídos de miles de millones de personas. Basta que le pregunten esto a un tal Psy, compositor de Gangnam Style, una canción pop coreana que tuvo más de mil millones de televidentes en YouTube.

Vamos a ver cómo se están haciendo las cosas en Estados Unidos. Antes de ello, veamos cómo se reparte el dinero por ejecuciones públicas en dicho país.

Una canción tiene dos copyright distintos: (i) la composición musical (musical composition), y (ii) la grabación musical (sound recording). Usualmente, la composición musical es administrada por las editoras, mientras que la grabación musical está bajo el comando de las discográficas. Por ejemplo, si yo quiero usar la canción Poker Face, de Lady Gaga, en un concurso donde un participante va a cantar esa canción con su propia banda, sólo voy a tener que negociar con Sony ATV, la editora que administra la composición musical. Sin embargo, si quiero usar esa misma canción de fondo en un programa de televisión, tal cual la grabó Lady Gaga en su disco The Fame, además de Sony ATV, voy a tener que negociar con Interscope Records, quien administra la grabación musical de Poker Face.

Esto se debe a que en Estados Unidos no existe un derecho de autor por ejecución pública de la grabación musical. Si Poker Face suena en la radio, Interscope no se lleva nada (distinto es el caso en radios “digitales” como Pandora o Spotify; ya hablaremos de ello). Son las composiciones musicales las que cobran por ejecución pública. Las entidades que recolectan este dinero (equivalentes a SADAIC en Argentina) son ASCAP, BMI o SESAC (en adelante las vamos a llamar las “PRS”). Una vez que un compositor decide afiliarse a una de estas PRS, y luego de que la PRS correspondiente descuenta unos ¢0,12 centavos por cada dólar que recolecta por sus servicios, el 75% de las regalías suelen ir al compositor, y el 25% restante a las arcas de la editora (siempre que ésta no es del propio compositor, desde luego).

Ahora sí, veamos cómo se han desarrollado las plataformas digitales en Estados Unidos. Algunos de estos servicios, como YouTube o iTunes, funcionan en Argentina. Sin embargo, todos los que han intentado hacer un servicio a la carta (lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, sin incluso estar conectado a Internet) han volado bajo, ya sea por costos prohibitivos, o porque el consumidor no tuvo lo que quería debido a un catálogo incompleto, mal diseño de la web, baja calidad de sonido, etc. (servicios legales como BajáMúsica, Cyloop, Faro Latino, Personal Música, Sonora, o Ubby Música, nunca lograron despegar).

iTunes

Steve Jobs tuvo la inmessionante habilidad para convencer a todas las discográficas de que iTunes era el remedio a la enfermedad. Sony ya había ofrecido un servicio similar, pero cometió el error de hacerlo exclusivo a sus productos. El consumidor, a esa altura, ya quería el llamado one-stop shopping, un lugar donde comprar cualquier canción con un simple click.

Una canción ronda los ¢0,99 centavos de dólar. iTunes se lleva aproximadamente un 10% por cada venta. Si no hay negociación previa entre discográfica y editora, 0,091 centavos van al compositor (o editora, en su caso). El resto va a la discográfica, quien repartirá al artista conforme al arreglo contractual que tengan entre sí.

YouTube

El mayor servicio de música del mundo, contando tanto sitios piratas como legales. Imbatible. Ahora son más eficientes a la hora de dar de baja material ilegal a pedido del propietario de los derechos de autor, y pagan a las PRS por las composiciones musicales que se escucha allí. Asimismo, con los videos musicales se ha llegado al siguiente acuerdo estándar: para los videos producidos por las discográficas, éstas se quedan con el 70% de lo que genera YouTube en publicidad gracias a ese video. Las discográficas suelen dar el 15% de lo que reciben a las editoras. En cuanto a los videos generados y cantados por usuarios (llamados User Generated Content), la cosa cambia, porque ahí no se explota el derecho de grabación musical, sino solamente el de la composición musical. En este caso, el video de aquel anónimo dándolo todo, tocando uno de los temas de su banda favorita, la editora se lleva un 50% de las ganancias netas que genera YouTube en publicidad gracias a ese video. Si quien sube el video ya se lleva dinero por la publicidad (como ocurre en el caso de quienes usan un canal propio de YouTube), dicha ganancia se deduce del 50% que la editora recibe.

Servicios de streaming no interactivos (Pandora)

Un servicio gratuito que tuvo un paso fugaz por Argentina, y se dio de baja por motivos legales. Cada 5 canciones te pasan una publicidad de 15-30 segundos (de ahí sacan sus ingresos; podés pagar unos $3,99 dólares por mes para evitar las publicidades). El modelo está en la ley de Copyright de Estados Unidos, que les permite realizar un one-stop shopping. Para todos los servicios digitales de streaming que sean exclusivamente de audio –servicios como YouTube no cuentan– además de los derechos de ejecución pública que recolectan las PRO (que se llevan un porcentaje que ronda el entre el 1% y el 3% de las ganancias netas del servicio), también hay derechos de ejecución pública para las grabaciones musicales.

Para evitar tener que ir discográfica por discográfica, el gobierno de Estados Unidos creó un sistema de licencias preestablecidas y obligatorias. En otras palabras, si los servicios no interactivos no llegan a un acuerdo con los dueños de las grabaciones musicales, ellos pueden pagar una licencia fijada por el gobierno, y los dueños de las grabaciones musicales no tendrán más remedio que aceptarlas. Para esto, los servicios no interactivos deben cumplir ciertos requisitos. Funciona así: si yo pongo que quiero escuchar U2, la primera canción que me va a tirar no será de U2, sino del estilo de U2. Si la canción no me gusta, puedo poner pulgar para abajo y pasar a la siguiente, pero sólo puedo rechazar un máximo de 6 canciones por hora y 12 por día. Si la canción me gusta, y le doy un “like” como se hace en Facebook, estos servicios suelen tener una suerte de código genético que identifica a la canción y a continuación te pondrá otras de estilos similares. A medida que seleccionás más y más “likes”, vas a terminar con una selección de canciones muy acorde a tus preferencias. Después tienen otras restricciones legales, como no pasar más de 3 canciones seguidas del mismo artista, o no poder escuchar más de 4 canciones del mismo artista en 3 horas continuas de servicio.

Quien recolecta el dinero de estas licencias preestablecidas y obligatorias para poder usar las grabaciones musicales es Sound Exchange, que por sus servicios cobra una comisión del 5,3%, un poco menos que la mitad de lo que cobran las PRO. Una vez que cobra su comisión, el 50% va a las discográficas, el 45% va directo a los artistas que cantan las grabaciones musicales, y el 5% restante va al gremio de músicos. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto es la licencia preestablecida y obligatoria? En 2013, para servicios como Pandora –el cual se ha destacado del resto con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos–, por cada escuchada deben pagar ¢0,0021 centavos de dólar por cada grabación musical. Es decir, si suenan 10 canciones tuyas por hora para mil oyentes, cobrás $10,20 por hora por tu grabación musical (recuerden que, además de este importe, las PRS se llevan entre el 1% y el 3% de las ganancias netas del servicio y luego las PRS se encargan de repartir ese dinero entre las editoras y compositores). A su vez, un mínimo del 25% de las ganancias brutas de la compañía deben volcarse al pago de estas licencias (hoy día pagan más de la mitad de sus ganancias en éstas).

Servicios de streaming interactivos (Spotify)

Escuchás lo que querés-cuando-querés-donde-querés, siempre que pagues una cuota mensual (actualmente es de $9,99 dólares). Te podés bajar música a tu compu o celular y escuchar mientras estás desconectado. No obstante, si dejás de pagar, las bondades de la tecnología hacen que todo lo que te hayas bajado desaparezca de tu disco rígido o celular. También te ofrecen un servicio gratuito con publicidad entre canciones, sin la posibilidad de escuchar mientras estás desconectado de Internet, y con una menor calidad de sonido.

Acá no hay licencias preestablecidas y obligatorias, así que depende de lo que arreglen las partes: editoras, discográficas y artistas. A pesar de ello, si las negociaciones no llegan a ningún puerto, hay una agencia gubernamental (la Copyright Royalty Board), que sirve como mediador y determina cuánto deben pagar. Hoy estamos en lo siguiente:

(i) Aproximadamente un 5% de las ganancias brutas van a parar a las PRS.

(ii) Luego entregan la mayor cifra de las siguientes opciones:

a) 10,5% de las suscripciones abonadas por los consumidores; o

b) El agregado entre 0,15 – 0,50 centavos por suscriptor, por mes.

Fórmulas complicadas, no hay dudas. Hay otros servicios que han llegado al siguiente acuerdo: si la cuota mensual es de $10 dólares, 40% ($4 dólares) se lo queda el servicio. Del resto, 79% va a las discográficas y 21% a las editoras, quienes luego harán prorrateo entre sus artistas y compositores según la cantidad de veces que se escucharon sus canciones.

Hoy día Spotify tiene 24 millones de usuarios (6 millones de ellos pagan la cuota mensual. El resto usa el servicio gratuito). Las proyecciones indican que, el día que lleguen a 20 millones de abonados mensuales, estaremos hablando de la misma ganancia que existía en los comienzos de los ’90, cuando los CDs rondaban los $12-$18 dólares.

La hora del servicio a la carta ha llegado para quedarse. Sin dudas, estas plataformas digitales todavía no terminan de despegar como negocio (aunque los últimos balances de Pandora son esperanzadores). Han invertido cifras multimillonarias en adquisición de contenido, y de a poco, luego de casi media década de servicios, comienzan a ver algunos retornos a la inversión. Sólo es cuestión de tener paciencia y que el consumidor deje de interesarse en ser dueño de algo material (un vinilo, un CD), y sepa que en el éter digital están disponibles todas las canciones que quiera, cuando quiera, siempre que pague su abono mensual. Recordemos que un usuario residente de Estados Unidos está pagando $9,99 dólares mensuales por acceso ilimitado a esta rocola celestial.

Pero el otro punto esencial es que la ley acompañe. Es imperioso que los legisladores impulsen normativas que den paso a estos servicios.

Esto se debe realizar por el bien de la industria, el consumidor y, por sobre todas las cosas, los músicos, creadores del arte que amamos. Al fin de cuentas, es espantoso saber que mientras estuve escribiendo estas líneas, pude pasar con absoluto placer por discos de Van Halen, Mean Creek, Jarabe de Palo, The Cure, y cuando tengo que decirle a un amigo en Argentina “escuchate esta banda, Old Man Markley, que está genial”, la única manera que tienen de hacerlo es a través de la piratería, o bajarlo de manera gratuita desde las páginas web de los artistas, quienes, con cierta resignación, saben que si no ponen su trabajo gratis a disposición del consumidor, la gente lo bajará igual de manera ilegal.

Es hora de abrir espacio a la música legal en esta era digital, anulando a la piratería de una santa vez con un arma letal: ofrecer al consumidor avenidas económicamente razonables para disfrutar de un servicio que colme sus expectativas. Esperemos que los legisladores, delfines de la industria musical y artistas contribuyan para dar ese necesario paso.
*El autor es abogado. Trabaja en las oficinas de Sheppard Mullin en Los Ángeles.