Blog del Equipo Hispano Latino : Hispano Latino Abogados de Negocios y Abogados: Sheppard Mullin Law Firm: Las Transacciones Transfronterizas, Contratos Gubernamentales

El 4 de febrero de 2010 el Departamento de Hacienda Pública firmó un nuevo tratado de impuesto sobre la renta con Chile que marcará un hito para ambos países. El tratado aún no ha sido ratificado, pero de ser aprobado por el senado de EE.UU. se convertirá en el primer tratado de impuesto sobre la renta entre EE.UU. y Chile, y tan solo el segundo tratado de impuesto sobre la renta entre EE.UU. y otro país sudamericano (El 1999 se firmó un tratado con Venezuela).
 

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Por Keith Gercken

A los ciudadanos norteamericanos generalmente se les requiere que entreguen un informe anual al Servicio de Ingresos Internos (Internal Revenue Service, IRS por sus siglas en inglés) en el que se indique cualquier beneficio o autoridad de firma sobre cuentas bancarias o financieras fuera de los EE. UU. Esta información debe entregarse usando la Forma TD F 90-22.1, al que generalmente se le llama “FBAR” (Foreign Bank Account Report, informe de cuenta bancaria extranjera).
 

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Este artículo es el primero de una serie de tres partes sobre las investigaciones multijurisdiccionales de cárteles. 

Apartándose de las tendencias tradicionales de aplicación de leyes, dos sucesos recientes destacan la importancia de la capacitación en el cumplimiento de las leyes antimonopolio destinada para empresas ubicadas en México y Latinoamérica o empresas que realicen negocios allí. Primero, en noviembre de 2008, la Comisión Europea anunció que varias fábricas de cemento, incluida Cemex, una empresa global de materiales para la construcción con oficina central en México, estaban bajo investigación por infringir el artículo 81 del Tratado de la Comunidad Europea, que prohíbe a las empresas el comportamiento de cártel. En mayo de 2009, la Comisión Federal de Competencia de México se unió a la investigación, lo que ocasionó más problemas a la precaria posición financiera de Cemex. Segundo, en febrero de 2009, el Ministerio de Justicia de Brasil, junto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión Europea, encabezaron una investigación antimonopolio de fabricantes de compresores, que incluye a Empresa Brasileira de Compressores S.A.-Embraco y Tecumseh do Brasil Ltda. El alcance de la investigación brasileña no tuvo precedentes, participaron cerca de 60 agentes de la policía federal, oficiales del Ministerio de Justicia y fiscales para presentar seis órdenes de allanamiento en Sao Paolo y Santa Catarina para reunir evidencia sobre las infracciones.  

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En julio de 2007, el Presidente Felipe Calderón lanzó el Programa nacional de infraestructura  (PNI) con objeto de aumentar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura de México. A través de la inversión en infraestructura, México busca mejorar su posición en la región y en el mundo. Este programa, proyectado de 2007 a 2012, necesita $230 mil millones de dólares americanos, provenientes de la inversión federal y privada, para financiar 480 proyectos de infraestructura. Ahora, aproximadamente a la mitad del programa, todavía hay muchas oportunidades de abastecimiento para las empresas estadounidenses. 
 

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Existen tres leyes que una empresa extranjera debe conocer cuando considera la adquisición de una empresa u otro negocio en los Estados Unidos, ya que éstas pueden tener un impacto importante sobre la adquisición propuesta. Estas legislaciones son:

(1) Artículo 7 del Clayton Act (Ley Clayton)

(2) El Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (Ley de Reformas Antimonopolio de Hart-Scott-Rodino) de 1976

(3) La enmienda Exon-Florio del Defense Production Act (Ley de Defensa para la Producción) de 1950.
 

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La crisis económica mundial que actualmente atravesamos ha producido una ola reciente de complejas acciones legales por insolvencia en jurisdicciones de todas partes del mundo. Si se suma a esto la cada vez más común naturaleza global de las empresas y de la economía, se produce como resultado una situación en la que un deudor sujeto a una acción legal por insolvencia en una jurisdicción probablemente posea bienes y operaciones en varias otras jurisdicciones soberanas. Manejar la interrelación existente entre acciones judiciales multijurisdiccionales y simultáneas que involucran al mismo deudor o deudores afiliados ha sido un desafío para los sistemas judiciales, deudores y acreedores por igual desde el surgimiento de la economía global. A medida que los economistas advierten sobre los riesgos y las preocupaciones permanentes respecto del panorama económico global[1], el régimen establecido de acuerdo con el Capítulo 15 del Código de Quiebra de los Estados Unidos (Casos complementarios y otros transnacionales)[2] adquiere cada vez más relevancia para los acreedores y deudores, tanto dentro como fuera de los EE. UU. El presente artículo ofrece un breve panorama general del Capítulo 15 y de algunos temas de relevancia para los interesados en acciones legales transnacionales por insolvencia.
 

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Introducción

La economía actual ha generado retos importantes para las empresas de todo el mundo. El arduo entorno comercial comprende empresas que afrontan ingresos reducidos, la posibilidad de despidos de empleados, mayores requisitos para los préstamos y menos oportunidades de negocios. Debido a la incertidumbre actual, es conveniente que las empresas expandan los horizontes con oportunidades nuevas y poco convencionales. Una oportunidad que toda empresa extranjera puede considerar es realizar actividades comerciales con el gobierno estadounidense. Durante una recesión económica, el gobierno estadounidense puede ser un socio comercial muy atractivo para muchas empresas extranjeras ya que éste ha aumentado los gastos para sacar a la economía de la recesión. Con la Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos promulgada recientemente, el Gobierno planea aumentar los gastos por cientos de miles de millones de dólares y lo llevará a cabo principalmente mediante la emisión de contratos gubernamentales. Las empresas extranjeras pueden competir por estos contratos gubernamentales, pero sujetas a ciertas restricciones.[1] Las empresas de todos los sectores de la economía se beneficiarán con este aumento de gastos si están bien posicionadas para ganar estos contratos. Entonces, cabe preguntar: ¿cómo se inicia una empresa en los contratos gubernamentales?
 

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Las oficinas regionales de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA por su sigla en inglés) tienen la tarea de implementar la política ambiental de dicho país mediante operaciones y aplicación de leyes y reglamentaciones. La misión de la USEPA es clara: proteger la salud humana y el medio ambiente.Se trata de un desafío tremendo que implica muchos obstáculos, tal como la falta de recursos para llevar a cabo todas las tareas en cuestión. Estos desafíos son especialmente arduos a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México. El clima árido del desierto del sudoeste agrava los problemas del agua potable y de las aguas residuales. Las aguas negras que fluyen hacia los Estados Unidos es un tema especialmente problemático durante las épocas de lluvia. Muchos de los vehículos más viejos, generalmente los que no cumplen con las normas de control de emisiones de California, se venden a México, y ello agrava los problemas de calidad del aire a lo largo de la frontera. Personas sin escrúpulos arrojan desechos peligrosos en forma ilegal a lo largo de la frontera, y generalmente no hay programas o los existentes son insuficientes para tratar adecuadamente los desechos que se acumulan en la región fronteriza. Estos problemas se ven agravados por las miles de personas que ingresan a EE. UU. por la región fronteriza y dejan atrás toneladas de desechos sólidos tales como bicicletas, ropa y botellas de agua.
 

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En mayo de 2009, el Tribunal de Apelación de California del Cuarto Distrito resolvió un caso en el que sostiene como válidas las notificaciones judiciales recibidas por una subsidiaria de una entidad extranjera ubicada en California, independientemente de los requisitos de la Convención de La Haya sobre Notificaciones. Sin duda, esto cambiará el proceso mediante el cual las empresas extranjeras son notificadas en California, en especial, en estos difíciles momentos económicos.
 

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